La Ley de Servicios Digitales aprobada recientemente por el Parlamento Europeo (2022) ya obliga a “los prestadores de plataformas en línea accesibles a los menores” a que establezcan “medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores en su servicio”, incluyendo la “adopción de medidas específicas para proteger los derechos de los menores, incluidas herramientas de comprobación de la edad y de control parental”.

Igualmente, a nivel nacional, España cuenta con legislación como la de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que habla de la necesidad de que las administraciones públicas desarrollen “campañas de educación, sensibilización y difusión” sobre el consumo de pornografía, o la Ley General de Comunicación Audiovisual, más centrada en el consumo a través de plataformas y canales audiovisuales.

No. Desde hace décadas la pornografía está sujeta a ciertas restricciones para proteger a los niños en los diferentes soportes: televisión, cine, vídeos, revistas, plataformas a la carta… Esta restricción es una práctica universal en todas las democracias y no tiene nada que ver con la censura.

Extender esas restricciones a los portales pornográficos de Internet es la única manera de proteger a los niños frente a esos contenidos que pueden afectarles negativamente en un momento en el que su personalidad se está desarrollando. Este mismo año, en España, Dale Una Vuelta junto con otras instituciones y con el apoyo de la AETD y la AEPD, solicitamos un Pacto de Estado para la protección del menor en entornos digitales.

Sí, en la medida en que el acceso ya no será totalmente descontrolado y libre. No, en el sentido de que si se quiere proteger a los niños es necesario poner algún tipo de control. Lo decisivo será establecer sistemas de verificación de la edad que no sean demasiado molestos ni intrusivos.

De todas maneras, el acceso no será particularmente difícil: existen soluciones tecnológicas que permiten identificar a los mayores de edad de manera rápida, segura e incluso anónima.

No. Diferentes empresas ofrecen en el mercado servicios de identificación muy sofisticados, que permiten por ejemplo saber si alguien es mayor o menor de edad sin pedirle –o sin almacenar- otros datos personales que permitan su identificación. En este sentido, la verificación de la edad no tiene por qué suponer un problema en términos de intimidad o de protección de datos.

Esa responsabilidad es compartida. Los padres tienen que poner de su parte, sin lugar a dudas. Ahora bien, igual que el Estado exige a quien regenta una discoteca o vende alcohol que verifique la edad de sus usuarios, también debería imponer a quien se lucra ofreciendo pornografía que ponga medios razonables para asegurarse que sus usuarios o clientes son adultos.

En la Unión Europea, la última Directiva audiovisual exige que las plataformas de compartición de vídeos establezcan medidas fiables de verificación de la edad para proteger a los menores. En esta línea, países como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia han anunciado ya normas específicas para exigir medidas de verificación de la edad a las plataformas de contenido pornográfico.

Desde hace algunos meses varios Estados de EEUU, como Mississippi, Utah, Virginia o Arkansas exigen a los portales pornográficos que establezcan sistemas de verificación de la edad a sus usuarios.

Las normas de estos Estados no prohíben las páginas pornográficas, sino que les imponen la carga de desarrollar mecanismos fiables de verificación de la edad de sus usuarios. Ni más ni menos que lo que se pide a un vendedor de tabaco o de bebidas alcohólicas: que ponga unos medios razonables para asegurarse que su clientela es mayor de edad.